Tras escándalos como el de los Papeles de Panamá o las Filtraciones de Luxemburgo, la Directiva Whistleblowing de la UE obligará a adaptar, no más tarde del 17 de diciembre de 2021, el ordenamiento jurídico de los estados miembros para regular la protección de las personas que informen sobre infracciones en materias como protección del medioambiente o lucha contra la corrupción. La directiva prevé la creación de canales de denuncia tanto internos (obligatorio para empresas de 50 o más trabajadores) como externos, y pretende garantizar un marco global y coherente de protección de los denunciantes en el ámbito de la UE.
LOS PROYECTOS
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